La Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso en 1970 para combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros. La BSA requiere que muchas instituciones financieras creen rastros de papel, llevando registros y presentando informes de ciertas transacciones. Estos informes son presentados a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. FinCEN recolecta y analiza la información para apoyar los esfuerzos de investigación de las agencias de la ley y el orden y para proporcionar a las personas que elaboran las políticas de los Estados Unidos análisis estratégicos de desarrollos, tendencias y patrones de lavado de dinero a nivel doméstico e internacional.  Las disposiciones de informe y archivo de la BSA aplican a bancos, instituciones de ahorro y préstamo y uniones de crédito, al igual que a otras instituciones financieras, incluyendo empresas de servicios monetarios (MSBs).